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El derecho al contexto: la Conquista, vista desde Canarias

Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT

Publicado originalmente en macaronesico con licencia CC BY-SA 4.0.

Este es un texto de opinión. Primero contamos qué se dijo, con enlace a cada declaración. Después, separado, lo que pensamos.

Lo que se dijo

El 16 de marzo de 2026, durante una visita a la exposición «La mitad del mundo. La mujer en el México indígena», en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey Felipe VI habló de la conquista de América con el embajador de México. Recordó que los Reyes Católicos y las Leyes de Indias intentaron regular el trato a la población indígena con «un afán de protección», pero añadió: «La realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso». Habló también de «controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día» (Diario de Cuyo).

Al día siguiente, en una entrevista en esRadio, Alberto Núñez Feijóo pidió «contextualizar» esas palabras, dijo estar «orgulloso del legado» y afirmó: «Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate» (Público).

Lo que cuenta la historia de las islas

La conquista de Canarias empezó en 1402 y terminó en 1496, con la rendición de Tenerife. Fue anterior a la de América y en muchos aspectos le sirvió de ensayo: las mismas coronas discutieron en las islas, antes que en las Indias, con qué derecho se tomaba la tierra de pueblos no cristianos (Rojas Donat, 1992). Colón hizo escala en La Gomera antes de cruzar el Atlántico en 1492.

El rey habló de normas que protegían en el papel y de abusos que ocurrían en la práctica. En Canarias hay casos de las dos cosas, pero no en la misma proporción.

La excepción: los gomeros. En 1488, tras la muerte de Hernán Peraza el Joven, señor de La Gomera, Pedro de Vera ejecutó a los varones gomeros mayores de quince años y vendió como esclavos a más de doscientos. Tras la denuncia del obispo Juan de Frías, los Reyes Católicos condenaron a los responsables y ordenaron liberar a los cautivos. Las pesquisas para encontrarlos duraron, al menos, hasta 1502, y muchos ya habían sido vendidos en Ibiza, Valencia o Mallorca (Canarias Ahora; Quartapelle, 2021). Once años antes, en 1477, los reyes ya habían ordenado liberar a otros 98 gomeros capturados y vendidos en Andalucía (Quartapelle, 2021).

La norma: esclavizar era legal. Esas órdenes protegían a quienes ya eran cristianos o estaban en paz. A quien se capturaba «en guerra», la ley de la época lo consideraba esclavo legítimo, y la Corona cobraba su parte: la quinta parte de lo obtenido con los cautivos. En junio de 1492, los reyes autorizaron a Alonso Fernández de Lugo a conquistar La Palma y le cedieron, «como ayuda por los gastos», los quintos de la Corona sobre los cautivos (Quartapelle, 2021). Es decir, la venta de personas era parte de cómo se pagaba la conquista.

La práctica: la regla se saltaba y nadie lo impedía. En Tenerife, Lugo pactó con cuatro bandos guanches (Anaga, Abona, Adeje y Güímar), que quedaban libres de la captura de esclavos. Aun así, muchas personas de esos bandos acabaron vendidas (Cayero, 2016). En agosto de 1494 salieron de La Gomera hacia Valencia 65 esclavos tinerfeños por cuenta de Alfonso Sanchis, tesorero del rey. Entre 1475 y 1500 se vendieron en la península más de mil personas canarias, y en Valencia el último indígena llegó en 1515 (Quartapelle, 2021; Cayero, 2016). La Corona no empezó a controlar la captura de esclavos indígenas en las islas hasta 1509, trece años después de terminar la conquista (Cayero, 2016).

Después vino el reparto de tierras y aguas entre conquistadores y financiadores, documentado isla a isla (Gutiérrez-de-Armas, 2022).

Nuestra lectura

El rey reconoció el abuso, pero lo hizo como heredero de la misma Corona que, como se ve en Canarias, se financió con él, y situó la responsabilidad en una «realidad» que no cumplía las normas, no en quienes las dictaban. Feijóo fue más lejos: usó el contexto como razón para no examinar nada.

Y hay una pregunta que el propio debate deja a la vista. La Constitución dice en su artículo 14 que nadie puede ser discriminado «por razón de nacimiento». En su artículo 57 establece que la Corona «es hereditaria», y en el 56.3, que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Pensamos que una jefatura del Estado que se hereda por nacimiento, y que no responde ante nadie, encaja mal con la igualdad que la misma Constitución proclama. La historia de Canarias muestra que la Corona no fue un árbitro ajeno a la conquista, sino una de sus beneficiarias. Revisar ese pasado incluye preguntarse, también, por qué en el siglo XXI el lugar de una persona en el Estado sigue dependiendo de su familia.

Entender el siglo XV con sus propias reglas no impide mirarlo. Al revés: esas reglas son parte de lo que hay que mirar. El caso de los gomeros muestra que ya en su tiempo hubo quien consideró injusta la esclavitud de los isleños y que, a veces, la Corona le dio la razón. Pero fue la excepción. La regla general permitía esclavizar a quien se resistía, la Corona se financiaba con ello y, cuando los pactos se rompían, casi nunca intervenía. Contar solo las órdenes de protección, como si fueran toda la historia, también es sacar las cosas de contexto.

En Canarias, además, el siglo XV no es un pasado cerrado. La conquista está en la toponimia, en la arqueología, en el reparto de la tierra que siguió y en los debates sobre quiénes somos. Revisarla no es un ajuste de cuentas. Es la única forma de contarla entera, sin borrar la violencia y sin inventar un pasado puro al que volver.

Es, también, una contradicción que vivimos quienes escribimos aquí: hablamos la lengua que llegó con la conquista y vivimos en ciudades fundadas por ella. No se trata de elegir entre orgullo y culpa, sino de poder mirar las dos cosas a la vez.

Lo que proponemos

Enseñar la conquista de Canarias con sus fuentes. Que en las aulas de las islas se trabaje con documentos de la época, como las pesquisas de los gomeros o las licencias que cedían los quintos de los cautivos, y no solo con resúmenes. Las fuentes existen y muchas están publicadas.
Que el contexto sirva para abrir. Cuando un cargo público pida «contexto», que lo dé: qué normas había, quién las incumplió y qué pasó con las víctimas. Eso es contexto; lo demás es silencio.
Leer a quienes investigan. En nuestra Biblioteca hay trabajos sobre la conquista, el repartimiento y la esclavitud en las islas, con enlace a cada uno. Iremos comentándolos en «Desde la Biblioteca».

Y una para quien lee: la próxima vez que visites un lugar con nombre anterior a la conquista (un barranco, una montaña, un pueblo), busca de dónde viene ese nombre. Es una forma sencilla de encontrar el contexto que no suele contarse.

Fuentes

Nota de revisión, 26 de septiembre de 2026. Este texto sustituye a la versión del 18 de marzo de 2026, titulada «El derecho al contexto histórico (o cómo se fabrica la inocencia desde arriba)». Aquella versión contenía un error: atribuía al rey haber dicho que España llevó a América «lengua, cultura y derechos» y que la conquista no debía verse como un sometimiento. No es lo que dijo: el rey reconoció que «hubo mucho abuso». Feijóo pidió «contextualizar» precisamente esas palabras. Pedimos disculpas por el error. Hemos reescrito el texto con cada declaración enlazada a su fuente y con la historia de Canarias como punto de apoyo. La versión anterior sigue disponible en el repositorio. Más tarde, ese mismo día, ampliamos «Lo que cuenta la historia de las islas»: el caso de los gomeros, contado solo, daba a entender que la Corona solía ponerse del lado de los isleños, cuando fue la excepción.

Venezuela, el petróleo y la Carta de la ONU

Sun, 04 Jan 2026 00:00:00 GMT

Publicado originalmente en macaronesico con licencia CC BY-SA 4.0.

Este es un texto de opinión. Primero contamos qué pasó y qué dice la norma, con cada dato enlazado a su fuente. Después, separado, lo que pensamos.

Lo que pasó

En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos bombardearon objetivos en Caracas y sus alrededores y se llevaron detenidos a Nicolás Maduro y a su esposa. El Gobierno estadounidense presentó la operación como la ejecución de unas acusaciones por narcotráfico abiertas en sus tribunales (PBS).

Ese mismo día, Donald Trump dijo que Estados Unidos iba a «dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa», y que no le costaría nada porque «nuestras grandes petroleras, las más grandes del mundo, van a entrar, gastar miles de millones» (NPR). Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, según la OPEP, aunque hoy produce alrededor de un millón de barriles diarios, cerca del 1 % del total mundial (misma fuente).

Lo que dice la norma

La Carta de las Naciones Unidas, que Estados Unidos firmó en 1945, dice en su artículo 2.4 que sus miembros, «en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Solo admite dos excepciones: la legítima defensa ante un ataque armado (artículo 51) y lo que autorice el Consejo de Seguridad. El Consejo no autorizó esta operación, y la justificación que dio Washington fue judicial, no la respuesta a un ataque armado.

Que un Gobierno sea autoritario, o que su presidente esté acusado de delitos, no figura entre esas excepciones.

Lo que dijeron los demás

Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, dijo que lo ocurrido «constituye un precedente peligroso» y que le preocupaba que «no se hayan respetado las normas del derecho internacional» (ONU).
La Unión Europea. La alta representante, Kaja Kallas, recordó que la UE considera que Maduro «carece de legitimidad» y pidió que «en cualquier circunstancia» se respeten «el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas». La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo algo parecido. Ninguna de las dos condenó la operación (elDiario.es).
España y cinco países latinoamericanos. El 4 de enero, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay firmaron un comunicado que rechaza unas acciones militares que «contravienen principios fundamentales del derecho internacional» y también «cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos» (La Moncloa).

Lo que no sabemos

No sabemos qué pasará con el petróleo venezolano, ni en qué condiciones entrarán las empresas, ni cuánto durará la presencia de Estados Unidos. Tampoco sabemos qué piensa la mayoría de la población venezolana, dentro y fuera del país: hay quien celebra la caída de Maduro y hay quien rechaza la intervención, y a menudo las dos cosas conviven en la misma familia. No tenemos una encuesta fiable que lo mida.

Nuestra lectura

Se puede pensar que Maduro no debía seguir en el poder y, a la vez, que esta no era la forma. Las dos ideas caben juntas. La Carta de la ONU no protege a los gobiernos que nos gustan: protege a todos por igual, y por eso funciona como norma y no como favor.

Lo que nos preocupa es el precedente. Si una potencia puede entrar en otro país, llevarse a su presidente y anunciar que sus empresas explotarán sus recursos, la regla deja de ser la Carta y pasa a ser la fuerza de cada cual. Y las reglas débiles perjudican sobre todo a quienes tienen menos fuerza: países pequeños, territorios periféricos, archipiélagos.

La respuesta europea nos parece insuficiente. Pedir que se respete el derecho internacional sin decir si se ha respetado deja la frase vacía. España, en cambio, lo dijo con claridad, y conviene reconocerlo.

Desde Canarias

Este asunto no nos queda lejos por dos razones que se pueden medir.

Venezuela es parte de Canarias. El 3,9 % de quienes viven en las islas nació en Venezuela; es el país extranjero de nacimiento más frecuente en el archipiélago, y solo en 2024 sumó 5.712 personas más (ISTAC). Muchas son hijas y nietas de canarios que emigraron en el siglo XX. Lo que pasa en Caracas se vive en muchas casas de aquí.

Canarias funciona con petróleo. En 2024, el 79,2 % de la electricidad producida en las islas salió de derivados del petróleo, y solo el 20,8 % de fuentes renovables, una proporción que el propio ISTAC describe como estable (ISTAC). Un archipiélago que depende así del crudo depende también de quién lo controla y de cómo se reparte. No es una contradicción de otros: es nuestra.

Lo que proponemos

Contar de dónde viene nuestra energía. Queremos saber de qué países llega el combustible que se quema en las centrales y los coches de Canarias, y no lo hemos encontrado publicado de forma sencilla. Proponemos que el Gobierno de Canarias lo incluya cada año en su anuario energético, con el país de origen a la vista.
Poner fecha a la dependencia. Que el objetivo de electricidad renovable se publique con metas anuales y con el dato real de cada año al lado, para que se pueda seguir sin tener que fiarse de nadie.
Escuchar a quien lo vive. En macaronesico no queremos hablar por la comunidad venezolana de Canarias. Si eres una de esas personas y quieres escribir sobre cómo has vivido estos meses, este laboratorio está abierto a tu texto, firmado con tu nombre si así lo quieres.

Y una para quien lee: cuando una noticia hable de «intervención», «operación» o «transición», busca qué artículo de la Carta de la ONU se invoca. Si no se invoca ninguno, eso también es un dato.

Fuentes

Nota de revisión, 26 de septiembre de 2026. Este texto sustituye a la versión del 4 de enero de 2026, titulada «Poder sin ley: petróleo y erosión del orden internacional». Aquella versión no nombraba los hechos concretos ni enlazaba fuentes, afirmaba cosas que no podíamos respaldar con datos y usaba una ilustración que mostraba a personas reales armadas. La hemos reescrito para ajustarla a nuestra línea editorial: hechos con fuente, la norma citada, lo que no sabemos y una lectura desde Canarias. La versión anterior sigue disponible en el repositorio.